El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este miércoles sobre la detención de un segundo sospechoso relacionado con el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero en Michoacán, durante su comparecencia ante el Senado de la República. La acción forma parte de las labores coordinadas entre el Gabinete de Seguridad federal y las autoridades estatales, con el objetivo de esclarecer los hechos y detener a todos los responsables.
El pasado lunes 20 de octubre, la Fiscalía de Michoacán confirmó el homicidio de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Limoneros de Apatzingán, cuyo cuerpo presentaba signos de tortura y fue localizado en la carretera Apatzingán-Presa del Rosario. El diputado local Octavio Ocampo lamentó la pérdida y destacó el compromiso del líder con los productores de limón de la región, señalando que su voz representaba dignidad y esperanza para la comunidad agrícola.
Durante su intervención en el Senado, Harfuch destacó que, aunque otros delitos en la zona no reciben la misma cobertura mediática, el compromiso del Gabinete de Seguridad es garantizar la captura de quienes generan violencia en Michoacán. Señaló que las operaciones se mantendrán hasta detener a todos los implicados en este y otros delitos relacionados con el crimen organizado en la región.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también se pronunció sobre el asesinato, expresando su consternación y exigiendo justicia. En su conferencia matutina del martes, subrayó la necesidad de una acción decidida por parte de las autoridades y reiteró que el Estado dará seguimiento al caso para evitar la impunidad, al mismo tiempo que manifestó su preocupación por la inseguridad que enfrentan los agricultores en el país.
El cuerpo de Bernardo Bravo fue sepultado este miércoles en la capital michoacana, mientras continúan las investigaciones para dar con todos los responsables y garantizar justicia en un caso que ha conmocionado a la comunidad agrícola y a la sociedad michoacana en general.
Esta detención representa un paso clave en las investigaciones y refuerza el compromiso de las autoridades de frenar la violencia contra quienes defienden los derechos e intereses de los productores rurales en la región.
