La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) enfrenta una semana de tensión inédita. Lo que comenzó con la denuncia de un caso de violación en la Facultad de Derecho se ha convertido en un movimiento estudiantil amplio, con al menos diez facultades suspendiendo actividades. Para los alumnos, no se trata solo de protestar: buscan que la institución garantice condiciones de seguridad y atención real a la violencia de género.

La reacción de las autoridades ha sido inmediata, aunque insuficiente para apagar la inquietud. El director de la Facultad de Derecho, Germán Pedroza Gaitán, presentó su renuncia; Magdalena González Vega, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, fue destituida; y otros directivos vinculados con la atención del caso también fueron relevados. Sin embargo, estas medidas no han logrado que las facultades reanuden sus actividades, reflejando que la comunidad estudiantil exige cambios estructurales y compromisos tangibles.

Entre las facultades en paro se encuentran Ingeniería, Derecho y Criminología, Ciencias, Psicología, Ciencias Químicas, Ciencias de la Comunicación, Ciencias de la Información, Ciencias Sociales y Humanidades, Hábitat, Estomatología y Agronomía. En varias de ellas, se han entregado pliegos petitorios que la universidad ya respondió, pero los estudiantes analizan las medidas antes de decidir la reanudación de clases.

Ingeniería y Ciencias Químicas, por ejemplo, han recibido respuestas institucionales, pero la comunidad estudiantil mantiene la suspensión hasta evaluar su alcance. En Ciencias de la Comunicación, solo se permite el acceso a personal de mantenimiento, mientras que representantes del Consejo Técnico Consultivo han dialogado con alumnos para explicar las acciones tomadas. Ciencias de la Información espera la entrega de su pliego petitorio y mantendrá informada a la comunidad sobre el avance de las mesas de trabajo.

Otras facultades, como Psicología y Ciencias Sociales y Humanidades, han asegurado que no habrá sanciones para los estudiantes o personal que participen o no en el paro, buscando proteger la libertad de expresión y el derecho a manifestarse. La Facultad del Hábitat, Estomatología y Agronomía reforzaron que durante el paro no se deben realizar actividades académicas ni virtuales, y respaldaron plenamente la exigencia estudiantil de justicia y seguridad.

Mientras tanto, algunas facultades han retomado actividades tras diálogo con alumnos y autoridades. Medicina, Contaduría y Administración, Economía, la Facultad de Estudios Profesionales Zona Media y la Unidad Académica Multidisciplinaria Región Altiplano retomaron clases, aunque la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca, que no suspendió actividades, sí reforzó las medidas de seguridad y condenó los hechos en Derecho.

La situación pone en evidencia un problema más profundo: la confianza de los estudiantes en las autoridades universitarias está fragmentada. Los paros y manifestaciones no solo exigen justicia para una víctima, sino que buscan transformar la cultura institucional, cuestionando cómo se atiende la violencia de género y cómo se protegen los derechos de quienes estudian en la UASLP.

Más allá de los cargos removidos y los pliegos petitorios, el movimiento estudiantil refleja la urgencia de que la universidad se convierta en un espacio seguro, equitativo y respetuoso. La comunidad universitaria no se conforma con gestos simbólicos: exige cambios concretos, permanentes y visibles que garanticen que ningún estudiante vuelva a sentirse vulnerable dentro del campus.