Un grupo de activistas y organizaciones ciudadanas llevó al Senado la propuesta “Ley Trasciende”, una iniciativa que busca regular la eutanasia activa y el suicidio médicamente asistido en México, marcando un paso inédito en la agenda de derechos humanos del país. El proyecto plantea reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal para permitir que personas con enfermedades terminales o crónico-degenerativas puedan decidir, de manera libre e informada, el momento y las condiciones de su muerte.

La iniciativa es encabezada por Samara Martínez, una joven de 30 años con enfermedad renal terminal, quien se ha convertido en la voz de miles de pacientes que enfrentan diagnósticos sin cura. Con el respaldo de más de 120 mil firmas ciudadanas, Martínez impulsa la legalización de la eutanasia como un acto de autonomía y no de desesperación, buscando eliminar la penalización actual que pesa sobre quienes eligen morir con dignidad.

De aprobarse, la ley permitiría solicitar la muerte asistida bajo condiciones estrictas: mayoría de edad, pleno uso de las facultades mentales, diagnóstico médico comprobado y consentimiento por escrito ante notario. También se contempla la objeción de conciencia para personal médico, sin que esto limite el acceso de los pacientes al procedimiento.

El debate se reanudará este 29 de octubre en la Cámara de Diputados, donde se espera una amplia discusión ética, médica y social. México cuenta actualmente con leyes locales sobre “voluntad anticipada”, pero ninguna que regule la eutanasia activa a nivel federal. Para sus impulsores, se trata de un debate urgente: garantizar el derecho a morir con dignidad es, también, una forma de defender la vida con libertad.