Después de más de seis horas de audiencia, una jueza del Estado de México decidió que Carlota ‘N’, de 74 años, deberá permanecer en prisión preventiva justificada. La defensa había solicitado sustituirla por un arraigo domiciliario, argumentando su deteriorado estado de salud y presentando cerca de 70 pruebas, entre ellas constancias médicas sobre enfermedades crónico-degenerativas.

El tribunal, sin embargo, determinó que el domicilio propuesto para su resguardo no era válido. La jueza señaló que la propiedad no pudo acreditarse como de su hijo, pues existían inconsistencias en el acta de nacimiento que debía comprobar el parentesco. Sin ese vínculo legalmente reconocido, el domicilio no fue considerado apto para aplicar la medida solicitada.

Pese a que el Centro de Medidas Cautelares calificó como “bajo” el riesgo de evasión, la autoridad judicial sostuvo que el uso de un arma de fuego en los hechos representa un posible peligro para el único testigo del caso. Esa valoración pesó más que los informes médicos que la defensa presentó en favor de la acusada.

La familia de Carlota denunció presiones políticas en el proceso. Arturo Santana, hijo de la imputada, aseguró que el caso ha sido utilizado para desviar la atención de otros episodios de violencia en el país. La mujer fue detenida tras un intento de desalojo en Chalco que terminó en la muerte de dos personas; la defensa sostiene que actuó en defensa propia tras escuchar una detonación previa. Desde su reclusión, aseguran, su salud se ha deteriorado y su dosis de insulina ha tenido que duplicarse.