Las paredes de un templo en Chucándiro, Michoacán, fueron escenario de un hecho que ha desatado una tormenta política y social. El sacerdote Alfredo Gallegos, conocido popularmente como “El Padre Pistolas”, lanzó insultos y amenazas contra la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, a quien acusó de querer “dejar sin agua” a comunidades michoacanas por el proyecto del Acueducto Solís-León. Sus palabras, cargadas de violencia, recorrieron el país en cuestión de horas.

El polémico religioso, famoso por su estilo provocador, afirmó que “partiría la madre” a la mandataria si se llevaba a cabo el traslado de agua desde la presa Solís hacia Guanajuato. La reacción no tardó: la gobernadora lamentó el episodio y lo enmarcó como un reflejo de la violencia que enfrentan las mujeres en el ejercicio del poder. “No voy a perder mi tiempo con esto”, declaró, dejando claro que no presentará denuncia formal.

El suceso generó una ola de solidaridad hacia García Muñoz Ledo. Organizaciones civiles, legisladoras y figuras políticas exigieron respeto hacia las mujeres en la vida pública. La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, llamó a erradicar el machismo del debate político, mientras que la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, calificó las expresiones del sacerdote como intolerables.

El caso reabre un debate incómodo en México: los límites entre la libertad de expresión y el discurso de odio, así como el rol que deben jugar los líderes religiosos en asuntos políticos. Para muchos, lo ocurrido con “El Padre Pistolas” no solo es un ataque personal, sino un recordatorio de los obstáculos que aún enfrentan las mujeres que se atreven a ocupar espacios de poder.