El eco del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, sigue marcando la agenda de seguridad en Michoacán. Esta semana, la Fiscalía estatal confirmó el traslado de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en un operativo resguardado por fuerzas federales. El movimiento se concretó después de que rindiera declaración ministerial, un paso clave dentro de una investigación que busca aclarar un ataque que sacudió a la región.

Más allá del operativo, la autoridad insiste en que la decisión se sostiene en una serie de pruebas que consideran contundentes. De acuerdo con la Fiscalía, el caso está sostenido por elementos “objetivos, idóneos y científicos” que apuntan a la presunta participación de “El Licenciado” en la coordinación del homicidio. La línea investigativa sugiere que el ataque se gestó desde una aplicación de mensajería, donde presuntamente se dieron instrucciones directas a los agresores.

El crimen, ocurrido el 1 de noviembre, dejó ver un entramado más amplio. Otros dos implicados —Ramiro “N” y Fernando Josué “N”— fueron encontrados sin vida días después en un camino rural, un hecho que añadió tensión a un caso ya rodeado de incertidumbre. La Fiscalía no descarta que sus muertes estén relacionadas con el mismo conflicto criminal que provocó el homicidio del alcalde.

Ahora, el proceso judicial avanza hacia su siguiente etapa. La audiencia inicial contra Jorge Armando “N” está programada para este viernes 21 de noviembre, donde se definirá su situación jurídica. Mientras tanto, en Uruapan y sus alrededores, la población sigue pendiente de una resolución que permita entender quiénes y por qué llevaron a cabo un acto que cimbró la vida pública del municipio.