Durante el Diálogo Universitario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), la Mtra. Leticia Jiménez Zamora, presidenta de la Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la Información Administrativa y Financiera en las Instituciones de Educación Superior (AMEREIAF), enfatizó que la fiscalización de los recursos de las universidades públicas está estrictamente regulada por la ley y tiene límites claros. Según explicó, únicamente la Auditoría Superior de la Federación (ASF) puede revisar los recursos federales transferidos a las instituciones, conforme a la Ley Federal de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
La especialista advirtió que los conflictos surgen cuando gobiernos estatales intentan intervenir sin sustento legal, lo que puede politizar la fiscalización o afectar la operación administrativa y académica. Jiménez Zamora destacó que las universidades no operan en opacidad: cuentan con órganos internos de control, auditorías y contralorías que supervisan cada peso del presupuesto, incluyendo informes anuales entregados a la Cámara de Diputados.
Respecto a los recursos autogenerados, la presidenta de AMEREIAF precisó que las universidades no poseen ingresos propios como los gobiernos locales; sus fondos provienen de servicios, aportaciones de la comunidad y contribuciones para sostener su funcionamiento. Estos recursos están regulados por la Ley Orgánica y los Estatutos de cada institución, por lo que cualquier revisión estatal sin autorización violaría la autonomía universitaria, protegida por la Constitución.
Sobre casos específicos, como el de la UASLP, Jiménez Zamora subrayó que cualquier procedimiento debe ajustarse a la ley y que la universidad cuenta con áreas jurídicas y órganos de control que garantizan la legalidad de su gestión. Reiteró que el respeto a la autonomía, el apego a la normativa y la colaboración institucional son esenciales para que las universidades sigan cumpliendo su papel social de formar ciudadanos críticos y responsables.
