Con el propósito de adecuar el marco legal a los nuevos desafíos que enfrentan las comunidades educativas, la diputada María Antonia Castro Castañeda presentó una iniciativa para reformar la Ley de Prevención y Seguridad Escolar del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención, protección y seguridad en los planteles educativos mediante un enfoque integral y actualizado.

La legisladora explicó que las condiciones de riesgo en las escuelas han cambiado en los últimos años, pues además de problemas relacionados con la violencia o la delincuencia, hoy existen amenazas derivadas del uso de las tecnologías, entre ellas el ciberacoso, la violencia digital, el acceso a contenidos nocivos en internet y el incremento de situaciones vinculadas con las adicciones y los conflictos entre estudiantes, tanto dentro como fuera de los centros escolares.

Ante este panorama, la propuesta busca que las autoridades de seguridad pública amplíen su participación más allá de las acciones reactivas y fortalezcan estrategias preventivas permanentes, privilegiando la coordinación entre instituciones y la participación de la comunidad educativa para generar entornos escolares más seguros y libres de violencia.

La iniciativa contempla actualizar las atribuciones de la Secretaría de Seguridad para que pueda celebrar convenios de colaboración no únicamente con dependencias gubernamentales, sino también con instituciones educativas, organismos públicos, organizaciones de la sociedad civil y otros sectores que contribuyan al diseño e implementación de programas enfocados en la prevención de riesgos, la promoción de la cultura de la paz y la protección integral de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, plantea incorporar herramientas que permitan responder de manera más eficiente a las problemáticas contemporáneas que afectan a la población estudiantil, impulsando campañas de sensibilización, programas de prevención y acciones de capacitación dirigidas a estudiantes, docentes, madres y padres de familia.

María Antonia Castro señaló que la construcción de escuelas seguras requiere la participación conjunta de autoridades, instituciones y sociedad, por lo que consideró indispensable actualizar la legislación para responder a las nuevas dinámicas sociales y tecnológicas que impactan la vida escolar. La iniciativa fue turnada al Congreso del Estado para su análisis y discusión en las comisiones legislativas correspondientes.