Por Redacción Contra Réplica

Fortalecerían acciones de seguridad escolar para enfrentar riesgos digitales y prevenir la violencia en planteles

La propuesta busca actualizar las atribuciones de la Secretaría de Seguridad para impulsar estrategias preventivas, coordinación institucional y protección integral de estudiantes.

Con el propósito de responder a los nuevos desafíos que enfrentan las comunidades educativas, la diputada María Antonia Castro Castañeda presentó una iniciativa para reformar la Ley de Prevención y Seguridad Escolar del Estado de San Luis Potosí. La propuesta plantea modernizar el marco legal vigente a fin de reforzar las acciones de prevención, seguridad y protección integral dentro y fuera de los centros escolares, con especial atención a los riesgos que representan la violencia digital, el ciberacoso y otras problemáticas que afectan a niñas, niños y adolescentes.

La legisladora explicó que el contexto actual exige que las instituciones responsables de la seguridad pública evolucionen hacia modelos de actuación más preventivos y coordinados. Señaló que, además de los problemas tradicionales relacionados con la violencia o la delincuencia, hoy existen amenazas derivadas del uso de plataformas digitales, el acceso a contenidos nocivos, el incremento de las adicciones y los conflictos entre estudiantes, situaciones que requieren estrategias integrales para proteger a la comunidad escolar.

La iniciativa propone ampliar las facultades de la Secretaría de Seguridad para fortalecer la coordinación con autoridades educativas, instituciones públicas y otros organismos involucrados en la prevención de riesgos. Asimismo, contempla la posibilidad de establecer convenios y mecanismos de colaboración que permitan desarrollar programas enfocados en la construcción de entornos escolares seguros, la promoción de una cultura de paz y la atención oportuna de factores que puedan poner en peligro el bienestar del alumnado.

María Antonia Castro sostuvo que la seguridad en las escuelas debe abordarse desde una perspectiva preventiva y no únicamente reactiva. En ese sentido, indicó que la propuesta busca consolidar políticas públicas que fomenten la participación de docentes, madres y padres de familia, estudiantes y autoridades para identificar oportunamente situaciones de riesgo y generar acciones conjuntas que fortalezcan la convivencia escolar.

La iniciativa fue turnada a las comisiones legislativas correspondientes para su análisis y eventual dictaminación. De ser aprobada, actualizaría las herramientas legales con las que cuentan las autoridades para hacer frente a los retos actuales en materia de seguridad escolar, priorizando la protección de la niñez y la adolescencia, así como la creación de ambientes educativos más seguros, incluyentes y libres de violencia.