Durante meses, un salón de belleza operó discretamente en el segundo piso del Senado de la República, ofreciendo servicios de maquillaje y peinado a legisladoras en días de sesión. Instalado en una antigua oficina de la Comisión Federal de Electricidad, el espacio funcionaba sin señalización visible ni información pública sobre tarifas, lo que despertó cuestionamientos sobre su pertinencia dentro de un recinto legislativo.

El lugar contaba con equipo básico de estilismo (sillas, espejos, lavacabezas y herramientas profesionales) y brindaba atención los martes y miércoles por la mañana. Aunque fuentes legislativas señalaron que su uso estaba vinculado a la senadora morenista Andrea Chávez y a su equipo, la legisladora negó haber impulsado el servicio o utilizarlo de manera regular. Otras senadoras reconocieron su existencia, pero afirmaron no haber sido convocadas formalmente.

Tras la difusión del caso y la creciente polémica pública, personal administrativo del Senado colocó sellos de clausura en el salón, sin que hasta ahora se haya informado oficialmente el motivo técnico o normativo de la suspensión. La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, defendió previamente la operación del espacio al asegurar que no se trataba de un privilegio financiado con recursos públicos, ya que los servicios eran cubiertos por quienes los solicitaban.

La clausura volvió a poner sobre la mesa un debate recurrente en la política mexicana: los límites entre lo funcional y lo simbólico en el uso de espacios públicos. Para críticos, el salón contradecía el discurso de austeridad legislativa; para sus defensores, se trataba de un servicio privado sin impacto presupuestal. El episodio deja al descubierto cómo decisiones aparentemente menores pueden convertirse en un reflejo de las tensiones entre imagen, poder y rendición de cuentas dentro del Congreso.