La directora del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas (INDEPI), Bernarda Reyes Hernández, informó que cada vez más jóvenes, incluidos varones, se integran a talleres artesanales como los cursos de bordado en comunidades indígenas, lo que representa un avance en la preservación de saberes tradicionales. Señaló que este interés de nuevas generaciones es positivo, ya que permite romper con el enfoque adultocéntrico y garantizar la transmisión del conocimiento de generación en generación.
Explicó que, aunque la participación masculina en ciertas ramas es baja, existen oficios tradicionalmente vinculados a hombres, como la cestería en algunos pueblos, mientras que en comunidades como el Pueblo Ténec el bordado ha sido una actividad principalmente femenina. No obstante, destacó que el objetivo es ampliar la inclusión y fortalecer el relevo generacional.
Entre los principales retos que enfrentan las y los artesanos, indicó que el primero es el económico, ya que muchos son adultos mayores que requieren recursos para adquirir materia prima y continuar con la producción. Posteriormente, surge la dificultad para comercializar sus productos en condiciones justas, pues en diversas ocasiones intermediarios compran a precios muy bajos y revenden con márgenes excesivos.
Como ejemplo, mencionó que en comunidades del pueblo Xi’iuy se han detectado casos donde petates se adquieren en 50 o 60 pesos y posteriormente se ofertan en mercados hasta en 300 o 500 pesos, lo que calificó como una práctica injusta que afecta directamente a los creadores. Subrayó la necesidad de generar conciencia colectiva para garantizar precios justos que reconozcan no solo la mano de obra, sino el valor cultural que cada pieza representa.
Finalmente, advirtió que la piratería es otro problema que lacera a los pueblos indígenas, ya que la reproducción industrial de iconografía tradicional abarata costos y desplaza el trabajo artesanal. Si bien reconoció que las herramientas digitales y la globalización pueden ser aliadas para la comercialización —como la plataforma impulsada por el Tecnológico de Rioverde—, enfatizó que el patrimonio cultural indígena es un derecho colectivo y debe utilizarse únicamente con autorización de las comunidades.
