La necesidad de fortalecer el sistema probatorio en casos de agresiones digitales se ha convertido en un tema prioritario en San Luis Potosí, ante las dificultades que enfrentan las víctimas para acceder a la justicia y evitar ser revictimizadas durante los procesos legales.

Durante una conferencia sobre prevención y atención de este tipo de delitos, la activista Olimpia Coral Melo señaló que, aunque existen avances legislativos como la Ley Olimpia, aún persisten vacíos importantes en la integración de pruebas, lo que limita el avance de las denuncias. Subrayó que es fundamental que fiscalías, ministerios públicos y autoridades judiciales actúen con perspectiva de género y con herramientas más eficaces para atender estos casos.

Explicó que uno de los principales obstáculos es la obtención de evidencia digital, ya que gran parte de las pruebas depende de información que resguardan las plataformas tecnológicas, las cuales no están obligadas a colaborar con las autoridades. Esta situación, dijo, provoca que un alto porcentaje de los casos no llegue a judicializarse, dejando en estado de vulnerabilidad a las personas afectadas.

La activista también alertó sobre la magnitud del problema en la entidad, donde se han identificado alrededor de 200 espacios en línea en los que se comparten y comercializan contenidos íntimos sin consentimiento. Indicó que la mayoría de las víctimas son mujeres jóvenes, lo que evidencia un fenómeno creciente que requiere atención urgente desde distintos frentes.

Además, destacó que las formas de agresión han evolucionado con el uso de nuevas tecnologías, incluyendo la generación de contenido manipulado mediante herramientas digitales, lo que complica aún más su regulación y sanción.

En este contexto, hizo un llamado al Congreso del Estado para avanzar en la armonización de leyes que permitan sancionar no solo la difusión, sino también la producción de este tipo de materiales sin consentimiento, incluyendo aquellos creados con inteligencia artificial.

Finalmente, enfatizó que, además de sancionar, es indispensable impulsar acciones de prevención, capacitación a autoridades y corresponsabilidad de las empresas tecnológicas, con el fin de garantizar un entorno digital más seguro y proteger los derechos de las personas usuarias.