La diputada Leticia Vázquez Hernández presentó una iniciativa para reformar el artículo 178 del Código Penal del Estado, con el propósito de homologar la legislación local con las disposiciones federales en materia de abuso sexual y reforzar la protección a las víctimas. La propuesta fue turnada para su análisis a la Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado de San Luis Potosí.

La legisladora explicó que la iniciativa coloca el consentimiento como elemento central para la configuración del delito, además de incorporar medidas orientadas a garantizar la reparación integral del daño. Entre las propuestas se establece que comete abuso sexual quien, sin el consentimiento de la víctima y sin intención de llegar a la cópula, realice actos de naturaleza sexual en ámbitos públicos o privados, obligue a observarlos o a ejecutarlos.

El documento también precisa que se considerarán actos sexuales los tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones explícitas. Asimismo, señala que no existirá consentimiento cuando la voluntad de la persona haya sido afectada por violencia, intimidación, engaño, amenaza, abuso de confianza, autoridad o situaciones de vulnerabilidad. Además, se establece que el silencio, la pasividad o la falta de resistencia no podrán interpretarse como aceptación.

La iniciativa propone sanciones de seis a diez años de prisión, además de multas económicas. También plantea que los agresores acudan a talleres reeducativos con perspectiva de género y no violencia, así como la posibilidad de realizar servicio social, con el fin de promover medidas de no repetición y fomentar cambios culturales hacia la igualdad.

El proyecto contempla agravantes que aumentarían la pena cuando el delito se cometa contra menores de edad, personas en situación de vulnerabilidad o cuando exista relación de confianza, autoridad o dependencia entre agresor y víctima. Asimismo, se prevé la destitución e inhabilitación para servidores públicos, profesionistas o ministros de culto que cometan este delito aprovechando su cargo.

Finalmente, la propuesta incluye la reparación integral del daño, que contempla atención psicológica especializada para la víctima hasta su recuperación. Con estas modificaciones se busca fortalecer el marco jurídico estatal y garantizar justicia efectiva, protección y acompañamiento para quienes sufran este delito.