Alberto Narváez Arochi, integrante del Corredor Carranza y de la organización Potosinos con Valor, se pronunció en contra de establecer límites generales a los incrementos en las rentas de inmuebles comerciales, al considerar que los precios deben responder a las condiciones del mercado y a la dinámica de la oferta y la demanda. Señaló que, si bien las autoridades pueden intervenir para mantener el equilibrio en determinadas circunstancias, restringir los aumentos no necesariamente representa una solución para los problemas económicos.

El representante ciudadano sostuvo que los pequeños negocios y emprendimientos enfrentan dificultades, situación que ha contribuido al cierre de establecimientos y a una disminución en la demanda de espacios comerciales. Explicó que las rentas pueden ajustarse de manera natural cuando existen menos negocios interesados en ocupar locales, mientras que en las zonas con mayor movimiento comercial los precios pueden mantenerse elevados debido a la demanda.

Narváez Arochi consideró que las medidas relacionadas con los arrendamientos deben tomar en cuenta las diferencias entre las zonas comerciales, pues no todos los inmuebles tienen las mismas condiciones ni generan el mismo nivel de actividad económica. En ese sentido, insistió en que las decisiones legislativas deben considerar el comportamiento del mercado y las circunstancias que enfrentan tanto los propietarios como los comerciantes.

Por otra parte, el integrante de Potosinos con Valor cuestionó el papel que ha desempeñado el Congreso del Estado y sostuvo que el Poder Legislativo debe recuperar su función como contrapeso del Poder Ejecutivo. Afirmó que, desde su perspectiva, en las últimas legislaturas se ha observado una tendencia a aprobar las propuestas del gobierno sin suficiente revisión, lo que debilita la función de representación ciudadana y el equilibrio entre los poderes públicos.

Finalmente, hizo un llamado a los diputados para fortalecer la fiscalización y la rendición de cuentas, especialmente en el manejo de los recursos públicos. Señaló que el Congreso no debe limitarse a autorizar las propuestas del Ejecutivo, sino que tiene la responsabilidad de vigilar el uso del presupuesto, revisar las decisiones gubernamentales y garantizar mayor transparencia en beneficio de la ciudadanía.