En el ejercicio gubernamental existen decisiones que atienden a la simpatía popular, y otras que atañen a la responsabilidad que se requiere para ejercer actos de gobierno, las cuales no necesariamente son populares o atienden la visión, ya sea política o ideológica, del círculo rojo.

El apoyo que manifestó el Ejecutivo federal a la propuesta priista respecto a que el Ejército continúe en acciones de combate a la inseguridad que se vive en todo el país, responde efectivamente a una condición necesaria para tratar de frenar los altos índices delincuenciales existentes.

Esto puede resultar para muchos descalificable; pero para otros, equivale a dotar al Ejército de un marco legal que le permita una actuación con protocolos y acciones que garanticen mayor efectividad en el combate a la delincuencia, pero sobre todo el respeto a los derechos humanos.

Los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) utilizaron al Ejército para combatir efectivamente a los grupos del crimen organizado; el Partido Revolucionario Institucional (PRI) continuó haciéndolo en el pasado sexenio, y todo esto fuera de la normatividad establecida, que obligaba al Ejército a no involucrarse en acciones del orden civil; ahora, después de 20 años de actuar en la ilegalidad, a muchos, el pragmatismo con que actuó el gobierno federal les resulta inaceptable.

La apuesta es que el Ejército, durante un tiempo definido, esté involucrado en actos de seguridad pública y regrese a sus cuarteles en un lapso perentorio para atender solo aquello que la da origen a su existencia.

Los partidos políticos opositores han manifestado su rechazo a este hecho; sin embargo, sus gobernadores en funciones solicitan la presencia del Ejército en todas las acciones que corresponden a la seguridad en sus estados.

Este hecho nos recuerda aquel hermoso poema de Sor Juana Inés de la Cruz, “Redondillas”, que en algunos de sus versos dice:

“Si con ansia sin igual

solicitáis su desdén

¿por qué queréis que obren bien

si las incitáis al mal?”

Y cuando hablamos de oposición, por supuesto que nos detenemos a observar la actuación del PRI, que en voz de su presidente en turno, Alejandro Moreno Cárdenas, ‘Alito’, impulsó y propuso la continuidad del Ejército en materia de seguridad hasta el año 2028.

Las motivaciones salen sobrando, la decisión de ‘Alito’ impactó en una efímera alianza del bloque opositor que hoy se desvanece cada vez más ante un futuro incierto, pero dice el viejo y racista refrán: “No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre”, el presidente del PRI, en repetidas ocasiones, ha dado muestra de una conducta no proba en sus relaciones políticas.

¿Qué acaso no fue capaz de grabar y exhibir públicamente a quien otrora lo considerara su compadre, gran amigo, casi hermano?, me refiero a la lamentable grabación en la que exhibe al senador Manuel Velasco, quien le llamó hace meses para prevenirlo de aquello que ‘Alito’, envalentonado, acusó de persecución política para someterlo, y aprovechó para destaparse como candidato del PRI a la presidencia.

De acuerdo con los hechos que públicamente se conocen, parece ser que ‘Alito’ se hubiera evitado una desgastante y lapidaria defensa si desde un principio hubiera atendido la llamada y sugerencia de su entonces cercano y querido amigo.