Este lunes se cumplió un mes en el que Ian Yael Escobedo Juárez no está con su madre, un niño de cuatro años que cuenta con una ficha de búsqueda y se desconoce su paradero… Al igual que otros infantes en estatus de no localizado, se sabe con quién o quiénes están, pero no el lugar, y se desconoce cuándo podrán estar en donde deben estar, al lado de su madre, porque así lo determinó un juez.

Esto es violencia, y se denomina como Violencia vicaria, que es aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos y especialmente de sus hijas e hijos. El padre ejerce una violencia extrema contra sus hijos.

La madre de Ian, la señora Daniela Martínez, expresó su deseo de viralizar la fotografía de su hijo; él podría estar en cualquier sitio.

Las leyes han sido benevolentes; por décadas ignoraron este hecho y hasta hace muy pocos años lograron denominarla y conseguir un escueto apoyo de un marco normativo.

Desde chicos, las generaciones han visto normal que los padres que tienen una separación ‘utilicen’ a los hijos como un medio de daño, quedando en medio un menor que no tiene absoluta idea de lo que ocurre entre adultos.

¿Qué generaciones hay en este momento con este problema? ¿Qué pueden hacer las autoridades y sociedad civil organizada para que termine este problema social?

La violencia de género se tiene que terminar.

“Se necesita  la implicación responsable de todos los poderes públicos, que no deben admitir la negación de la violencia contra las mujeres, una violencia que cuestiona los valores democráticos y tiene efectos devastadores sobre la convivencia social. La negación de la violencia contra las mujeres debe considerarse apología de la violencia”, cita la investigación de la Universidad prestigiada de Madrid.

Aquí en San Luis Potosí la fiscal general Manuel García Cázares destacó que ya tenían datos importantes, la única importancia es regresarle a su hogar, a su sitio seguro.

Para la entidad, ya el trabajo tiene un ligero avance; ahora se requiere que esté tipificada en el Código Penal, para lograr las penas que van de uno a siete años de prisión.

Más educación y más empatía nos urgen para que terminen los casos que dañan y lastiman a las infancias y contaminan más a la sociedad.