A días del inicio del Proceso Electoral Extraordinario para renovar los cargos en el Poder Judicial del Estado, las alarmas se han encendido entre los aspirantes del primer distrito judicial ante las modificaciones en las boletas, ya que no podrán ser electos por los votantes de la capital potosina. Esto se debe a la distribución de los espacios electorales en tres escenarios: Distrito 01A (Ahualulco, Mexquitic de Carmona y Villa de Arriaga), Distrito 01B (San Luis Potosí y Villa de Pozos —este último reconocido recientemente como parte de la capital), y Distrito 01C (Armadillo de los Infante, Cerro de San Pedro, Soledad de Graciano Sánchez y Zaragoza). Una situación que se vuelve desigual para los aspirantes.

El reacomodo de los distritos ha generado una serie de impugnaciones, con el argumento de que los candidatos se verán perjudicados al ser la capital del estado el núcleo con mayor concentración de votantes. Votantes que, en muchos casos, tienen vínculos personales o profesionales con los aspirantes y que ahora no podrán ejercer su voto por quienes conocen. Esta afectación, que pretendía reorganizar la candidatura de jueces en materia penal, ha terminado por dañar las posibilidades de quienes aspiran a cargos en materia laboral. Estos últimos quedan excluidos de una contienda justa, pues los votantes potencialmente beneficiados o afectados por sus decisiones no podrán elegirlos. Resulta ilógico que personas de municipios de la zona conurbada del distrito uno, como Ahualulco, Mexquitic, Moctezuma, Armadillo de los Infante, Cerro de San Pedro o Villa de Zaragoza —donde rara vez se impugna un asunto laboral— deban votar por jueces laborales. Los aspirantes deberán ser particularmente hábiles para convencer a un electorado que, de inicio, no muestra interés.

Quienes hemos trabajado en campañas electorales entendemos que la esencia de la votación en estos municipios depende, en gran medida, de la movilización y del ofrecimiento de incentivos a cambio del voto. En lugares donde elegir a un juez laboral o penal no implica un beneficio inmediato, y sin movilización de operadores políticos locales, la elección se convierte en un simple llamado a misa. Incluso con el operativo morenista para incentivar la participación, difícilmente se superará el 30% de votación. En este panorama, resulta decisiva la boleta en la que aparezca cada candidato. No es lo mismo hacer campaña en una zona urbana con acceso a internet, redes sociales y tribunales, que en comunidades rurales sin acceso a medios digitales. De la boleta dependerá la estrategia de campaña… y su complejidad.

La moneda está en el aire. Los aspirantes del primer distrito judicial ya promovieron juicios contra la determinación del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. No obstante, a escasos días del inicio de las campañas, resulta prácticamente imposible que el Tribunal Electoral del Estado realice un nuevo reacomodo de candidatos, ni en materia penal ni en materia laboral. Además, el criterio del Tribunal ha sido respaldar las decisiones de los tribunales locales, alegando la complejidad del rediseño. Sin embargo, esto vulnera un derecho político-electoral fundamental, agravado por el escaso tiempo y presupuesto asignado a esta elección.

Hasta ahora, no ha quedado claro para los aspirantes cuál será el marco territorial de actuación para las candidaturas en materia laboral. Aparecerán los 12 distritos judiciales restantes, pero en el primer distrito algunos no figurarán en la distritación A, B o C. Es decir, algunos no aparecerán en la capital, otros no en Soledad, y el resto en Armadillo de los Infante, municipio con menos de 30 mil habitantes. Hablar de votantes en esas zonas es complicado, pues son municipios donde las alcaldías se ganan por diferencias de mil votos o menos.

El tiempo dirá si este ejercicio electoral resultó legítimo o no. Mientras tanto, el reloj avanza.