La Suprema Corte de Justicia confirmó la sentencia de 14 años de prisión contra un maestro de una primaria en Pochutla, Oaxaca, quien fue hallado culpable de abusar sexualmente de una alumna de ocho años en 2019. El caso, que evidenció la vulnerabilidad de los menores en las escuelas, ha reavivado las críticas hacia la Secretaría de Educación Pública (SEP) por la falta de protocolos eficaces para prevenir estos delitos.

Organizaciones civiles denunciaron que, desde 2018, la SEP no ha implementado lineamientos claros ni ha realizado acciones suficientes para evitar la violencia sexual en los planteles educativos. Documentos judiciales señalan que en febrero pasado un juez ordenó a la dependencia federal establecer protocolos, capacitaciones y campañas de prevención dirigidas a docentes, directivos, personal administrativo y de intendencia, con el fin de garantizar un entorno seguro para los estudiantes.

El tribunal federal de la Ciudad de México respaldó esta resolución, subrayando que la SEP tiene la obligación legal y constitucional de prevenir, atender y sancionar cualquier tipo de violencia contra niñas, niños y adolescentes. A pesar de los elevados índices de abuso infantil reportados por la OCDE en México, la Secretaría no ha coordinado acciones con las fiscalías estatales ni ha realizado supervisiones efectivas en las escuelas desde el inicio de la actual administración.

Miguel Ángel Ortiz, abogado de la asociación Educación con Rumbo, alertó que en algunos casos existen redes organizadas dentro de las escuelas, integradas por directivos, maestros y personal de intendencia, que vulneran a los menores. El litigante advirtió que la SEP carece de protocolos operativos reales y que solo cuenta con documentos abstractos que no garantizan la protección de los estudiantes. Las organizaciones civiles exigen que se garantice el derecho de la infancia a un entorno educativo libre de violencia, como base fundamental para su desarrollo y aprendizaje.