Las llamadas “terapias de conversión”, formalmente conocidas como Esfuerzos para Corregir, Reprimir o Suprimir la Orientación Sexual, Identidad o Expresión de Género (ECOSIG), han sido calificadas por organizaciones defensoras de derechos humanos como actos de tortura física y psicológica. Estas prácticas incluyen desde violaciones hasta electroshocks, y constituyen formas crueles, inhumanas y degradantes contra personas de la comunidad LGBT.

En marzo de 2024, el Congreso de la Unión aprobó un dictamen que prohíbe y sanciona estas prácticas en todo el país. La norma, publicada el 7 de junio en el Diario Oficial de la Federación, establece penas de cárcel para quienes promuevan o apliquen ECOSIG. No obstante, se requiere que cada estado legisle localmente para establecer los lineamientos específicos y asegurar su cumplimiento.

De acuerdo con la organización Yaaj, hasta el momento solo 19 entidades han aprobado reformas para prohibir estas prácticas. Entre ellas se encuentran Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Oaxaca, Puebla y Yucatán, bajo la llamada Ley #NadaQueCurar. Sin embargo, aún falta que otros estados avancen en la materia.

En entidades como San Luis Potosí, Aguascalientes, Veracruz y Tabasco, los dictámenes han sido presentados pero su discusión se encuentra detenida en comisiones legislativas. En tanto, Chiapas es el único estado donde el Congreso se ha negado abiertamente a abordar el tema, según denunció Yaaj.

Organismos civiles insisten en que la legislación local es esencial para garantizar justicia a las víctimas y erradicar por completo esta forma de violencia estructural. También señalan que, sin estos cambios, las personas LGBT seguirán expuestas a abusos amparados por vacíos legales en gran parte del país.