La Elección Judicial se ha convertido en un extraño evento donde la realidad ha superado a la ficción, y que podría calificar como el suceso más atípico de la historia electoral. O quizás, el evento que jamás habría imaginado que atraería a más personas a las urnas. Y es que, vaya ironía: fue más difícil llenar los espacios para funcionarios de casilla que para observadores electorales. Algo que ninguno de los más escépticos en materia electoral habría anticipado. Es más, ya quisieran los propios partidos políticos haber reunido la cantidad de observadores electorales inscritos para tenerlos en su elección constitucional. Hablamos de la exorbitante cifra de 6 mil 474 solicitudes para acreditarse como observadoras y observadores del proceso electoral extraordinario 2024-2025.
Esta inusitada cantidad ha encendido las alarmas entre los estudiosos del tema electoral, ya que en una elección tradicional las solicitudes para observación no suelen superar, incluso en los procesos más disputados, las 100 peticiones. Es decir, la cifra actual no solo rebasa con creces cualquier antecedente, sino que despierta serias dudas sobre la naturaleza y motivaciones de quienes —supuestamente— se dedicarán a observar el proceso electoral. Por más interés que pudiera haber en esta elección, por más amigos y familiares involucrados, la sorprendente cantidad de casi 7 mil observadores no se explica en un proceso donde no hay una disputa significativa ni un claro interés ciudadano. Resulta, francamente, insólito que haya más observadores que boletas. Sin embargo, esta situación podría marcar un hecho histórico.
Resulta pertinente preguntarse: ¿quiénes son estos cerca de 7 mil observadores y qué intereses los mueven? Sabemos que su distribución no abarcará las casi tres mil casillas del estado, sino que se concentrarán en zonas urbanas. Incluso, podría pensarse que su presencia podría influir en la toma de decisiones o reportar determinadas actividades en las casillas. Esto debería encender los focos rojos. ¿Cómo se comportará una fuerza operativa de ese tamaño? ¿Cuál es su objetivo real? ¿Para qué se organizó esta inscripción masiva si no hay un beneficio directo evidente?
En las elecciones tradicionales, quienes se desempeñan como representantes de partido suelen recibir algún tipo de beneficio, ya sea económico o político. En este caso, ese incentivo no está claro. Ante ello, las autoridades de seguridad deben estar en alerta. La posibilidad de que estas personas generen disrupción, controversias o incluso conflictos está latente. ¿Cómo se procederá a credencializar, identificar y, en su caso, sancionar a esta multitud? La propia fiscalía especializada en delitos electorales podría verse rebasada ante la avalancha de observadores. La situación, por ahora, es incierta.
También es importante señalar que estas personas deberán cumplir con un curso sobre las actividades propias de un observador electoral. Esto, seguramente, decantará la cifra final de quienes realmente buscan observar el proceso, y aquellos que persiguen otros fines. Porque, por más que se hable de una movilización de partido, parece innecesario que los partidos movilicen gente para observar, y no para incentivar el voto. Si acaso, el partido gobernante —promotor de esta elección extraordinaria— podría tener algún interés. Pero no tanto en observar, sino en movilizar. Quizás así se empiece a vislumbrar el músculo que los partidos están preparando para la próxima elección.
Hasta el momento, nada es claro. No hay señales firmes sobre las razones por las cuales se han inscrito tantos observadores. Pero en menos de quince días sabremos si esta elección extraordinaria será realmente una de las más observadas en la historia, o si todo quedará como una curiosa anécdota sobre la alta convocatoria de observadores electorales.
Pero, al tiempo...

Ernesto García Hernández
Opinión
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