La senadora Mariela Gutiérrez Escalante se encuentra en el centro de una controversia que ha escalado más allá del debate público, luego de denunciar amenazas en su contra tras difundirse que, durante su gestión como alcaldesa de Tecámac, se ordenó la eutanasia de más de 10 mil perros. El caso ha generado una fuerte reacción social y abrió una investigación oficial.

De acuerdo con la legisladora, la exposición de sus datos personales en redes sociales detonó una ola de mensajes intimidatorios. La senadora atribuye estas acciones a grupos animalistas y advierte que la situación podría escalar si no se contiene el conflicto, señalando directamente a estos colectivos como responsables de cualquier agresión en su contra.

El tema ya es materia de investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que abrió una carpeta para determinar si existieron actos de maltrato animal. La indagatoria se sustenta en la legislación estatal que sanciona la muerte injustificada de animales, especialmente cuando involucra a servidores públicos.

En medio de la polémica, Gutiérrez ha defendido su actuación, argumentando que las medidas respondieron a reportes ciudadanos por agresiones de animales y que se realizaron conforme a la normativa. El caso expone un choque entre seguridad pública, bienestar animal y responsabilidad institucional, en un debate que continúa creciendo y que ahora tendrá un desenlace legal.