Con el objetivo de fortalecer las condiciones de accesibilidad en los espacios públicos de San Luis Potosí, la diputada Brisseire Sánchez López presentó una iniciativa de reforma a la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado y Municipios, mediante la cual se busca establecer mecanismos permanentes de supervisión, conservación y mantenimiento de la infraestructura destinada a facilitar la movilidad de este sector de la población.

La propuesta legislativa contempla que rampas, accesos adaptados y demás elementos de infraestructura accesible sean objeto de revisiones periódicas para garantizar que se encuentren en condiciones óptimas de funcionamiento. La intención es evitar que el deterioro, la falta de mantenimiento o las obstrucciones se conviertan en barreras que limiten el ejercicio de derechos fundamentales.

La legisladora señaló que la accesibilidad representa un derecho humano esencial y una herramienta indispensable para que las personas con discapacidad puedan desenvolverse con autonomía e independencia en los distintos ámbitos de la vida cotidiana. Añadió que estas medidas también benefician a personas adultas mayores, mujeres embarazadas y a quienes presentan movilidad reducida de manera temporal o permanente.

La iniciativa destaca que el acceso seguro a edificios públicos, instituciones educativas, centros de salud, espacios laborales y áreas de convivencia es una condición necesaria para promover la igualdad sustantiva y combatir la discriminación indirecta. En ese sentido, considera que la construcción de infraestructura accesible no es suficiente si no existe una estrategia continua de evaluación y conservación.

El proyecto plantea además que las autoridades de protección civil, en coordinación con dependencias estatales y municipales, realicen inspecciones periódicas para verificar que rampas y accesos permanezcan libres de obstáculos y funcionen correctamente. Asimismo, propone impulsar convenios con empresas que cuenten con espacios exclusivos para personas con discapacidad, a fin de garantizar que estos sean respetados y permanezcan en condiciones adecuadas de uso, incluyendo la aplicación de sanciones cuando existan obstrucciones indebidas.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, donde será analizada y discutida para determinar su viabilidad legislativa.