Con el propósito de actualizar el marco jurídico y fortalecer las políticas públicas destinadas a proteger a las mujeres, la diputada Dolores Robles Chairez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí, enfocada en otorgar mayor claridad y alcance al concepto de violencia digital.

La propuesta busca que este tipo de agresiones quede definido de manera más precisa dentro de la legislación estatal, con el fin de que las autoridades cuenten con una base normativa sólida para desarrollar programas de prevención, atención y erradicación tanto a nivel estatal como municipal.

La legisladora explicó que la iniciativa reorganiza y fortalece la definición existente, detallando conductas como el acoso, hostigamiento, amenazas, difusión, distribución o comercialización de contenido íntimo o sexual sin el consentimiento de la víctima, así como cualquier otra acción realizada mediante herramientas tecnológicas que vulnere los derechos de las mujeres.

Además, el proyecto incorpora una definición específica de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), entendidas como los recursos, plataformas y programas utilizados para procesar, almacenar y compartir información a través de distintos medios digitales, elemento que permitirá una mejor interpretación y aplicación de la norma.

La propuesta también establece de manera expresa que las conductas relacionadas con violencia digital deberán ser sancionadas conforme a las disposiciones previstas en la legislación penal y civil vigente, reforzando así el vínculo entre las políticas públicas de prevención y los mecanismos legales para castigar estos actos.

En la exposición de motivos, la diputada señaló que la violencia digital representa una de las expresiones más preocupantes de la violencia de género en la actualidad, debido al impacto que genera en la integridad, dignidad, intimidad, libertad y vida privada de las mujeres y niñas.

Asimismo, destacó que la legislación no debe limitarse a contemplar sanciones penales, sino que también debe servir como instrumento rector para la creación de estrategias integrales que permitan prevenir estas conductas y brindar atención adecuada a las víctimas.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado, donde será analizada para determinar su viabilidad y posible incorporación al marco legal vigente.