El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, destacó la importancia de mantener una relación institucional y coordinada entre los distintos poderes del Estado, al participar en el Primer Informe de Labores del Poder Judicial, encabezado por su presidenta, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez.
Durante el acto, el mandatario sostuvo que la división de poderes constituye un elemento fundamental para el funcionamiento democrático, pero no impide que las instituciones colaboren dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones para atender las necesidades de la población.
Gallardo Cardona señaló que el Poder Judicial atraviesa una etapa de renovación y consideró que este proceso debe estar acompañado por instituciones capaces de responder de manera profesional, cercana y sensible a las demandas de la sociedad.
En este contexto, subrayó que la impartición de justicia debe garantizar la protección de los derechos, la resolución de conflictos y el cumplimiento de la ley. Añadió que la ciudadanía requiere procedimientos eficientes y accesibles, así como resoluciones que contribuyan a fortalecer la confianza en las instituciones.
El gobernador también relacionó la coordinación entre autoridades con las acciones en materia de seguridad. Explicó que las estrategias para reducir los delitos no dependen únicamente de la presencia policial, sino también de que las personas tengan acceso a una justicia que atienda oportunamente los casos y garantice los derechos de víctimas y ciudadanos.
Consideró que los avances registrados en materia de seguridad deben complementarse con un sistema judicial que contribuya a preservar la paz social y ofrezca respuestas profesionales ante los conflictos que llegan a los tribunales.
Gallardo Cardona reconoció, además, la responsabilidad de quienes integran el Poder Judicial, al señalar que sus decisiones tienen un impacto directo en la vida de las personas y deben responder a las exigencias de una sociedad que demanda instituciones más cercanas y humanas.
Finalmente, llamó a mantener una coordinación respetuosa entre los poderes, sin invadir sus respectivas competencias, y reiteró que el cumplimiento de la ley debe ser un principio central de la actuación pública.
