Con el objetivo de acercar la justicia a la ciudadanía y generar mecanismos para resolver conflictos cotidianos de manera rápida y pacífica, el Congreso del Estado aprobó la Ley de Justicia Cívica para el Estado y los Municipios de San Luis Potosí, iniciativa impulsada por el diputado Rubén Guajardo Barrera.
El legislador sostuvo que la nueva legislación representa una herramienta directa para las y los potosinos, al establecer mecanismos de mediación, conciliación y justicia restaurativa que permitan atender conflictos vecinales y de convivencia antes de que puedan convertirse en situaciones de violencia o delitos.
De acuerdo con lo expuesto durante la presentación de la iniciativa, el Modelo Nacional de Justicia Cívica señala que más del 70 por ciento de los conflictos que llegan a los ministerios públicos pudieron haberse resuelto como faltas administrativas mediante mecanismos oportunos de mediación y conciliación.
Con el nuevo modelo, los conflictos podrán atenderse mediante audiencias orales y ágiles, privilegiando el diálogo y la búsqueda de soluciones por encima de un esquema exclusivamente punitivo.
La ley contempla la creación de juzgados cívicos con autonomía técnica y operativa, integrados por un juez cívico, secretario, facilitador, médico y psicólogo. El personal deberá ser seleccionado mediante convocatorias públicas y abiertas.
Una justicia que busca reparar
Uno de los principales objetivos de la nueva legislación es transitar hacia un modelo de justicia que no solamente sancione, sino que también permita reparar el daño y reconstruir la convivencia social.
Entre las sanciones contempladas se encuentran la amonestación y las multas, pero también el trabajo en favor de la comunidad y la reparación del daño, con la finalidad de que quienes cometan una falta asuman responsabilidad por las consecuencias de sus actos.
La Ley también establece garantías para las personas involucradas en los procedimientos, incluyendo el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, además de procedimientos especiales cuando se trate de menores de edad.
Justicia cívica itinerante
Otro de los elementos incorporados es la figura de la justicia cívica itinerante, mediante la cual los ayuntamientos deberán acercar estos mecanismos a comunidades de difícil acceso y zonas marginadas, respetando en todo momento la autonomía municipal.
De esta manera, se busca que la justicia cívica no se concentre únicamente en las cabeceras municipales, sino que pueda llegar a las zonas donde existen mayores dificultades para acceder a servicios institucionales.
Con la aprobación de esta legislación, San Luis Potosí se incorpora a las entidades que avanzan en la implementación del Modelo Homologado de Justicia Cívica, con el propósito de fortalecer la cultura de la paz, la legalidad y una convivencia armónica entre la población.
