A pocos días del inicio del nuevo mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, el gobierno mexicano anunció la implementación de planes A, B y C para enfrentar posibles deportaciones masivas. Estas medidas pretenden atender con un enfoque humanista a los connacionales que puedan ser repatriados, ofreciendo apoyo integral para su reintegración.

La estrategia involucra una coordinación entre diversas dependencias, incluidas las secretarías de Educación, Salud, Seguridad, Trabajo y Previsión Social, y autoridades migratorias, además del respaldo de las fuerzas armadas. El objetivo es garantizar una respuesta efectiva y organizada ante los niveles de deportación que se registren.

El gobierno federal también presentó a cónsules y embajadores estadísticas que comparan los índices de deportación durante las últimas administraciones estadounidenses. En el primer mandato de Trump (2017-2021), se reportaron 766,055 repatriaciones, cifra inferior a las 891,503 registradas en los primeros cuatro años de Joe Biden. Por contraste, los periodos de mayor repatriación corresponden a la era de Bill Clinton, con más de 7 millones de casos en sus ocho años de gobierno (1993-2001).

Con la inminente toma de posesión de Trump el 20 de enero, tras vencer a Kamala Harris en las elecciones, se espera que su administración continúe con políticas migratorias restrictivas, como la construcción del muro fronterizo. Ante este escenario, México busca mitigar el impacto social y económico de las deportaciones masivas mediante acciones que prioricen la dignidad y los derechos de los migrantes.

El gobierno reafirmó su compromiso con los paisanos, llamando a la unidad y la cooperación interinstitucional para enfrentar los retos derivados de las políticas migratorias de Estados Unidos.