El debate sobre la educación de menores indocumentados en Estados Unidos toma un nuevo giro con propuestas legislativas que buscan restringir su acceso a escuelas públicas. Mientras en Denver se presentó una demanda para evitar redadas en planteles escolares, en otros estados los esfuerzos se centran en limitar la matrícula y generar reportes sobre estos estudiantes.

En Tennessee, legisladores republicanos impulsan una iniciativa para impedir que los distritos escolares locales inscriban a niños sin documentos. Aunque el gobernador Bill Lee aún no ha revisado la propuesta, ya firmó una ley que restringe el acceso a becas educativas para quienes no puedan comprobar su estatus migratorio.

En Indiana, un proyecto de ley pretende facultar a los distritos para negar la inscripción a menores indocumentados y obliga a la fiscalía estatal a defender legalmente a las escuelas que enfrenten demandas por esta medida. Además, se exigiría a las instituciones reportar datos sobre la asistencia de estos estudiantes, su nivel de inglés y la cantidad de profesores bilingües en cada plantel.

Por su parte, en Texas, los legisladores proponen que las escuelas comiencen a contabilizar a los alumnos sin papeles a partir del próximo ciclo escolar, con el fin de que el estado solicite al Gobierno federal un reembolso por los costos de su educación. En Oklahoma, el superintendente estatal Ryan Walters plantea que los estudiantes presenten pruebas de ciudadanía o residencia legal al inscribirse, aunque sin impedir su acceso en caso de no contar con ellas.

Las iniciativas han generado un fuerte debate sobre los derechos de los menores indocumentados a la educación pública, un tema que podría escalar a instancias judiciales en los próximos meses.