La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó por unanimidad una sentencia emitida por la Sala Regional Especializada, que había declarado caducada la facultad sancionadora en un caso de presunta violencia política en razón de género atribuida al exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Con esta decisión, el Tribunal ordenó que el Instituto Nacional Electoral (INE) continúe con la investigación.

El caso se originó por una queja interpuesta por una diputada federal, quien denunció que se le excluyó de las reuniones de organización del desfile cívico del 2 de mayo y se le impidió instalar un templete para 200 personas en la conmemoración del 211 aniversario del rompimiento del sitio de Cuautla. Inicialmente, el INE se declaró incompetente, y posteriormente, la autoridad local también desestimó los señalamientos, lo que llevó a la legisladora a escalar el caso ante la Sala Superior.

En la misma sesión, el TEPJF resolvió otro asunto relevante: confirmó que el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua es la autoridad competente para revisar las quejas contra la senadora Andrea Chávez, por presunta promoción personalizada, actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos, derivados de las “caravanas” y “brigadas de salud” que organizó en esa entidad.

La Sala Superior consideró que las acciones denunciadas tienen impacto únicamente en el ámbito local, por lo que la autoridad electoral estatal debe encargarse del análisis y resolución del caso, sin importar que la legisladora ostente un cargo federal.

Estas resoluciones refuerzan el criterio del Tribunal de que no debe haber impunidad en casos de violencia política en razón de género y que las competencias territoriales deben observarse rigurosamente para garantizar un debido proceso.