El Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de la ONU solicitó este jueves a México que modifique su enfoque migratorio y coloque los derechos humanos de los migrantes por encima de la seguridad. El organismo expresó su profunda preocupación por la creciente militarización de la gestión migratoria y la participación de actores sin competencia legal en labores de verificación, además de señalar el uso extendido de la detención de personas por motivos migratorios.

En su informe final sobre la aplicación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios, el Comité reconoció algunos avances legislativos y diplomáticos, como la reforma de la Ley de Migración de 2020, que armoniza las leyes mexicanas con los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes. Sin embargo, también expresó inquietud por las medidas que han profundizado el enfoque securitario en la movilidad de migrantes y criticó la insuficiencia de mecanismos de supervisión y formación en derechos humanos dentro de las instituciones migratorias.

Una de las principales preocupaciones del Comité es la creciente intervención de las Fuerzas Armadas en las tareas migratorias, especialmente la participación de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina en funciones que deberían ser asumidas por personal civil especializado en derechos humanos. En este sentido, el Comité instó al gobierno mexicano a cesar esta participación y poner fin a la subcontratación de funciones migratorias a actores privados.

Además, el Comité expresó su preocupación por las prácticas de privación de libertad de migrantes, instando a México a poner un límite máximo de 36 horas para la detención por motivos migratorios. También hizo un llamado urgente para poner fin a la detención de personas en situación de vulnerabilidad, como menores de edad, solicitantes de asilo, personas con discapacidad o mujeres embarazadas.

El informe concluyó con la solicitud de adoptar un enfoque integral, interseccional y basado en derechos humanos en las políticas migratorias, garantizando la unidad familiar y el respeto al principio de no devolución. También recomendó fortalecer los mecanismos de supervisión, sancionar abusos y asegurar la participación continua de la sociedad civil en la formulación y evaluación de las políticas migratorias.