Durante la conferencia matutina de este martes, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, desmintió que la nueva Ley de Telecomunicaciones represente un riesgo para la privacidad de los usuarios o tenga propósitos de vigilancia indebida. Aseguró que la legislación mantiene los candados constitucionales que impiden cualquier intervención sin autorización judicial.

Peña Merino explicó que los artículos contenidos en el dictamen aprobado por el Senado no introducen nuevas facultades para el monitoreo de comunicaciones. En particular, detalló que el artículo 182 es equiparable al artículo 189 de la ley actual, ambos establecen que cualquier colaboración de operadores con autoridades solo puede realizarse mediante orden judicial debidamente fundada y motivada.

Asimismo, indicó que el artículo 183 tampoco presenta modificaciones respecto a la legislación vigente, lo que reafirma que no se amplían competencias para acciones de vigilancia sin supervisión legal. En ese sentido, insistió en que se trata de una actualización normativa que respeta plenamente el marco constitucional, en especial lo dispuesto en el artículo 16, que exige control judicial estricto en temas de privacidad.

Finalmente, el funcionario recordó que desde 2014, el artículo 190 obliga a las compañías de telecomunicaciones a colaborar con las autoridades en la medida en que otras leyes lo permitan, una disposición que fue impulsada por administraciones pasadas. Reiteró que no hay elementos en el nuevo dictamen que autoricen prácticas de espionaje o uso arbitrario de información, y que la ciudadanía puede tener certeza jurídica sobre el uso de sus datos.