La Administración para el Control de Drogas (DEA) incrementó la recompensa pública por información sobre el paradero de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, a 25 millones de dólares. Esta acción forma parte de la estrategia de presión del gobierno de Estados Unidos durante el segundo mandato de Donald Trump, que combina medidas coercitivas como recompensas y aranceles para enfrentar a líderes y grupos que considera amenazas para la seguridad nacional.
Maduro es el único mandatario en funciones que enfrenta una recompensa de esta magnitud por supuestos vínculos con el Cártel de los Soles. Sin embargo, no es el primero en estar bajo vigilancia internacional estadounidense, ya que Ahmed al-Sharaa, presidente de Siria, estuvo en la lista de los más buscados hasta que fue retirado en 2024 tras mostrar disposición a colaborar en la lucha contra el terrorismo.
Paralelamente, la Casa Blanca ha impuesto aranceles recíprocos y tarifas adicionales contra países como México, China, Rusia e India, como parte de su política comercial y de seguridad. Estas medidas buscan frenar el tráfico de opioides sintéticos, especialmente el fentanilo, y presionar a naciones que mantienen vínculos comerciales con adversarios estratégicos de Estados Unidos.
En el marco de tensiones geopolíticas, Washington también advierte con aumentar aranceles a Rusia y sus aliados si no cesan las hostilidades en Ucrania, incluyendo posibles impuestos de hasta 500% en productos petroleros. Así, la diplomacia estadounidense combina sanciones económicas y acciones legales para fortalecer su posición global y controlar riesgos en materia de seguridad y comercio.
