A 31 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta en Lomas Taurinas, Tijuana vuelve a ser escenario de un eco del pasado. La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), quien ahora es acusado formalmente de haber sido el segundo tirador en aquel crimen que fracturó la historia política de México.

La aprehensión ocurrió en Baja California, donde se cumplimentó una orden federal en su contra. No es la primera vez que Sánchez Ortega enfrenta la justicia: tras el atentado de 1994, fue detenido por portar una chamarra con manchas de sangre del entonces candidato presidencial y por haber dado positivo a la prueba de rodizonato de sodio, que detecta residuos de disparo. Sin embargo, fue liberado al considerarse insuficientes las pruebas.

Nuevas indagatorias reabrieron el expediente y colocaron nuevamente su nombre bajo sospecha. Según la FGR, el exagente formó parte del equipo del Cisen asignado a la seguridad de Colosio, pero su liberación en aquel momento habría sido producto de un “encubrimiento delictivo”, presuntamente vinculado con Genaro García Luna, entonces subdirector operativo del organismo.

El arresto revive un caso que durante tres décadas ha alimentado teorías, silencios y frustraciones colectivas. Hoy, más que una simple detención, la reaprehensión de Sánchez Ortega representa un intento tardío del Estado por cerrar, al fin, una herida que nunca terminó de cicatrizar.