Las y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado aprobaron por unanimidad el dictamen que reforma la Ley de las Personas Adultas Mayores, con el objetivo de fortalecer el marco legal de protección y sancionar de manera más clara a quienes vulneren los derechos de este sector de la población.

La iniciativa, promovida por la diputada Diana Ruelas Gaitán, fue respaldada por el presidente de la comisión legislativa, el diputado Marco Antonio Gama Basarte, quien explicó que la reforma amplía y precisa las conductas que deberán prevenirse, denunciarse y sancionarse cuando afecten a personas adultas mayores.

Detalló que la fracción tercera del artículo 11 Bis ya contemplaba evitar actos de discriminación, abuso, explotación y aislamiento, tanto por parte de familiares como de terceros; sin embargo, con la modificación se incorpora de manera explícita cualquier forma de violencia, así como acciones u omisiones que generen riesgo, menoscabo o afectación a la integridad personal, la dignidad, los ingresos, los bienes o el patrimonio de las personas adultas mayores. Entre estas conductas se incluyen el despojo, la retención indebida de recursos, la suplantación de identidad y la celebración de actos jurídicos que vulneren sus derechos.

La reforma también establece que todo acto que configure alguna de estas conductas deberá denunciarse de inmediato ante la autoridad competente, la cual estará obligada a activar los mecanismos de protección, investigación y restitución de derechos que correspondan, reforzando así la respuesta institucional ante situaciones de abuso o violencia.

En el mismo artículo, la fracción cuarta fue fortalecida para prohibir cualquier conducta que tenga por efecto forzar, presionar o inducir a una persona adulta mayor a realizar actos de mendicidad, trabajos forzados o actividades que atenten contra su dignidad o afecten su salud física o mental.

Asimismo, en el artículo 45 se incorporan disposiciones para sancionar a cualquier ciudadano que incurra en actos de discriminación, abuso, explotación, aislamiento o violencia que pongan en riesgo la integridad física o psicológica de las personas adultas mayores, o que las obliguen a realizar actividades que vulneren su dignidad. Dichas sanciones se aplicarán conforme a las leyes vigentes o de manera administrativa, según corresponda.

El dictamen fue aprobado por unanimidad por las y los diputados integrantes de la Comisión y será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su análisis y votación correspondiente.