La reciente conformación de la alianza entre el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Morena y el Partido del Trabajo (PT) fue reconocida por autoridades estatales como un paso estratégico para consolidar la gobernabilidad y fortalecer el diálogo político en la entidad, en un contexto de definiciones rumbo al proceso electoral de 2027.
El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, señaló que el acuerdo alcanzado por las dirigencias de los tres partidos refleja madurez política y una visión de largo plazo, al priorizar la unidad y la coordinación anticipada. De acuerdo con el funcionario, esta alianza no solo responde a una estrategia electoral, sino a la necesidad de garantizar estabilidad institucional y continuidad en los proyectos de gobierno.
Torres Sánchez destacó que la coalición cuenta con una estructura sólida, presencia territorial en todo el estado y bases organizadas que le permiten mantener un respaldo social amplio. En este sentido, consideró que la alianza representa un escenario favorable para enfrentar los próximos retos políticos y electorales, al tiempo que se consolida un proyecto común.
En el ámbito estatal, el secretario general subrayó que el siguiente paso será fortalecer los mecanismos de diálogo permanente entre las fuerzas políticas que integran la coalición, a través de mesas de trabajo en las que se definan decisiones estratégicas y se construyan consensos. Estas acciones, dijo, buscan asegurar un ambiente de gobernabilidad, diálogo abierto y coordinación institucional.
Asimismo, reiteró que desde la Secretaría General de Gobierno se mantendrá una comunicación constante no solo con los partidos aliados, sino con todas las fuerzas políticas representadas en la entidad. Este ejercicio de apertura, afirmó, es fundamental para preservar la estabilidad, la paz social y el respeto a la pluralidad, especialmente en el periodo previo a un proceso electoral.
Finalmente, Torres Sánchez enfatizó que la construcción de acuerdos y el respeto entre actores políticos será clave para garantizar condiciones de gobernabilidad que permitan a la ciudadanía vivir un proceso democrático ordenado y en un clima de estabilidad institucional.