La Comisión del Trabajo y Previsión Social de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado informó que fue atendida la problemática relacionada con el pago de salarios a las y los trabajadores del Ayuntamiento de Villa Juárez, luego de recibir una respuesta formal por parte de la presidencia municipal que garantiza el cumplimiento de la normatividad laboral vigente.

El diputado Héctor Serrano Cortés, secretario de dicha Comisión Legislativa, dio a conocer que durante una sesión de trabajo se presentó el oficio enviado por la alcaldesa Avigail Izaguirre Rico, en el cual se informa que ya se giraron las instrucciones necesarias a las áreas administrativas correspondientes para asegurar que ningún trabajador municipal perciba un salario inferior al mínimo establecido por la ley.

De acuerdo con lo expuesto en el documento oficial, el Ayuntamiento de Villa Juárez se comprometió a respetar el salario mínimo vigente como un derecho irrenunciable de las y los trabajadores, así como una obligación legal que debe cumplirse por parte de las autoridades municipales. En ese sentido, el legislador señaló que la Comisión dará seguimiento puntual para verificar que las disposiciones anunciadas se reflejen de manera efectiva en las percepciones del personal.

Serrano Cortés explicó que, además del ajuste salarial correspondiente, el municipio deberá realizar el pago retroactivo a partir del 1 de enero, fecha en la que entró en vigor el nuevo salario mínimo, con el objetivo de subsanar cualquier afectación económica que haya enfrentado el personal durante este periodo.

El diputado subrayó que este tipo de acciones representan un avance en la defensa de los derechos laborales y en el fortalecimiento de condiciones de trabajo dignas para las y los servidores públicos municipales. Añadió que la intervención del Congreso del Estado, a través de sus comisiones, permite atender oportunamente las inconformidades y promover el respeto a la legislación laboral.

Finalmente, reiteró que la Comisión del Trabajo y Previsión Social mantendrá una labor permanente de vigilancia para asegurar que los ayuntamientos cumplan con sus responsabilidades en materia laboral, privilegiando el diálogo institucional y la observancia de la ley, a fin de garantizar justicia social y certeza jurídica a las y los trabajadores del estado.