La Universidad Autónoma de San Luis Potosí enfrenta nuevos cuestionamientos tras revelarse registros de facturación por la compra de ropa interior en su tienda universitaria que, de acuerdo con información disponible en plataformas de transparencia y fuentes internas, alcanzaron montos millonarios en un periodo reducido. La situación ha detonado un debate sobre los mecanismos de supervisión financiera y la rendición de cuentas dentro de la institución.
Los señalamientos apuntan a que los pagos por prendas íntimas y artículos relacionados se incrementaron de manera atípica en comparación con años previos, lo que motivó a personal en activo y excolaboradores a solicitar revisiones más exhaustivas. Las fuentes consultadas, que pidieron anonimato, sostienen que parte de la mercancía facturada no habría ingresado en su totalidad al almacén, lo que llevó a exigir auditorías externas para esclarecer el destino de los recursos.
Desde la UASLP, voceros han señalado que la operación de la UniTienda se rige por procesos administrativos internos y que cualquier observación puede canalizarse a los órganos de control correspondientes. No obstante, especialistas en transparencia subrayan que, al tratarse de una universidad pública, los datos financieros deben ser accesibles, verificables y sujetos a fiscalización independiente para fortalecer la confianza de la comunidad.
La controversia se da en un contexto de presión presupuestal para las instituciones de educación superior en México, donde cada peso destinado a servicios complementarios es observado con lupa por estudiantes, docentes y ciudadanos. El caso de la facturación en ropa interior ha puesto sobre la mesa la necesidad de actualizar los sistemas de compras, inventarios y supervisión para evitar opacidad.
Mientras avanzan las revisiones, organizaciones civiles y sectores universitarios han llamado a establecer calendarios públicos de auditoría y a publicar informes detallados sobre proveedores, volúmenes de compra y criterios de contratación. El objetivo, coinciden, es garantizar que los recursos de la UASLP se administren con eficiencia y en apego a los principios de transparencia que rigen a una universidad pública.