La Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal del Congreso del Estado aprobó una iniciativa de reforma al artículo 57 de la Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis Potosí, con el objetivo de armonizarla con la Ley de Aguas del Estado, garantizando una mayor coherencia jurídica en la regulación de los servicios públicos hidráulicos.
La propuesta, presentada por la diputada Nancy Jeanine García Martínez, busca fortalecer el marco legal municipal y mejorar la transparencia en la determinación de cuotas y tarifas relacionadas con el suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento.
La legisladora explicó que esta reforma no invade la autonomía municipal, ya que mantiene intacta la facultad de los ayuntamientos para aprobar sus leyes de ingresos. “Se trata de una medida técnica que otorga mayor orden y claridad al marco normativo, asegurando que los municipios, organismos operadores y comités rurales trabajen bajo lineamientos armonizados”, señaló.
El dictamen establece que los servicios hidráulicos incluyen la extracción, tratamiento, conducción y suministro de agua, así como el manejo de redes de drenaje y saneamiento. En los casos en que el servicio sea prestado directamente por el municipio, las cuotas y tarifas serán determinadas por el Congreso a propuesta del ayuntamiento correspondiente; mientras que los organismos descentralizados deberán presentar su propia iniciativa de Ley de Cuotas y Tarifas.
Además, se establece que los comités de agua rurales deberán incluir sus esquemas tarifarios en la iniciativa de Ley de Ingresos municipal, promoviendo uniformidad en los procesos administrativos.
García Martínez destacó también la incorporación de estímulos fiscales de hasta el 50 por ciento en beneficio de personas con discapacidad, madres solteras y adultos mayores, a fin de fomentar una gestión más justa e incluyente de los servicios públicos.
La sesión, presidida por el diputado José Roberto García Castillo, contó con la participación de las diputadas Brisseire Sánchez López, Diana Ruelas Gaitán, María Dolores Robles Chairez y Frinné Azuara Yarzábal. El dictamen será turnado a la Comisión Segunda de Hacienda para su análisis final.
