Integrantes del gremio de piperos en San Luis Potosí anunciaron una movilización para el próximo viernes 6 de febrero de 2026, a las 9:00 de la mañana, en el kilómetro 8 de la carretera Matehuala–San Luis Potosí. El objetivo es exigir explicaciones a Darío González, director general de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), así como a los legisladores federales y senadores potosinos, sobre las implicaciones de la Ley General de Aguas aprobada en diciembre de 2025.

De acuerdo con Raúl Torres Mendoza, consejero nacional de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas A.C. (AMOTAC), la nueva legislación podría afectar directamente a los operadores de pipas que distribuyen agua en diversas zonas del estado, pues ya se han reportado clausuras de pozos sin previo aviso ni consulta al sector. “No fuimos tomados en cuenta y ahora enfrentamos incertidumbre laboral. Queremos transparencia y diálogo con las autoridades”, subrayó.

La reforma establece medidas orientadas a garantizar el derecho humano al agua, priorizando el uso doméstico y personal sobre otros sectores, así como restricciones en las transferencias de concesiones, que quedarán bajo control exclusivo de CONAGUA. Además, contempla nuevas sanciones y delitos hídricos, con multas que pueden alcanzar hasta 50 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a más de 650 mil pesos, por uso indebido o aprovechamiento irregular del recurso.

Torres Mendoza insistió en que los más de 400 piperos potosinos no se oponen a la regulación, pero piden ser escuchados antes de que las medidas se apliquen de manera general. Señaló que el cierre de pozos podría afectar el abasto de agua en comunidades y colonias donde el suministro depende casi por completo del servicio de pipas. Por ello, hizo un llamado a los representantes federales para que reconsideren los efectos de la ley y abran un espacio de diálogo con el sector transportista.