Por Pepe Alemán

En sesión privada, diputados y diputadas desestiman petición del TEJA en caso Tampacán y lo dan por concluido

El Congreso del Estado desestimó la solicitud de juicio político contra funcionarios del Ayuntamiento de Tampacán, luego de que se acreditara el pago de más de 412 mil pesos al ex policía municipal José Luis Pérez Meraz.

El Pleno del Congreso del Estado de San Luis Potosí, en sesión privada convocada por las comisiones de Gobernación y Primera de Justicia, acordó desestimar la solicitud de la magistrada de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), María Olvido Rodríguez Vázquez, quien, mediante el oficio TEJA/2SU/114/2023/ES, de abril de 2023, solicitó que se instaurara un juicio político contra el Ayuntamiento de Tampacán.

La solicitud se presentó dentro del Juicio Contencioso Administrativo 455/2012, promovido por el ciudadano José Luis Pérez Meraz, expolicía municipal destituido sin que mediara la intervención de la Comisión de Honor y Justicia correspondiente y a quien se le dejó de pagar su salario. Esta situación fue acreditada por el Tribunal, que ordenó el pago de los adeudos correspondientes. Sin embargo, al no concretarse el cumplimiento de la resolución, lo que se consideró desacato, se requirió al Poder Legislativo destituir a los funcionarios responsables del Ayuntamiento de Tampacán: el presidente municipal, el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, el tesorero municipal y el secretario del Ayuntamiento.

En el dictamen aprobado, del cual este reportero obtuvo copia, se incorpora un oficio con fecha del 21 de agosto de 2026, en el que el licenciado Raúl González Rodríguez, en su carácter de auxiliar jurisdiccional de la Segunda Sala Unitaria del TEJA, manifiesta que, mediante un convenio de pago, al actor José Luis Pérez se le entregó un cheque el 15 de febrero de 2024 por la cantidad de 300 mil pesos y otro el 31 de mayo del mismo año por 112 mil 806.66 pesos. Por ello, el 2 de septiembre de ese año se dio por cumplida la ejecutoria de nulidad y se ordenó archivar el expediente.

Por lo anterior, en la sesión privada de este viernes, las comisiones dictaminadoras, con el voto a favor del Pleno, concluyeron que el proveído judicial de fecha 19 de agosto de 2026, emitido por la Segunda Sala Unitaria del TEJA, constituye un documento público con pleno valor probatorio ante las comisiones de Gobernación y Primera de Justicia del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí.

En consecuencia, resolvieron de manera definitiva que la actual administración se encuentra completamente exenta de cualquier requerimiento o pasivo contingente relacionado con este expediente, al haberse extinguido la materia del juicio por pago preferente e incondicional. Asimismo, al haber cambiado la situación jurídica del caso, determinaron que procede desestimar la solicitud presentada por María Olvido Rodríguez Vázquez, magistrada de la Segunda Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí.