La coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación en Nuevo León, Clara Luz, presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobernador Samuel García, su esposa Mariana Rodríguez y el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
De acuerdo con lo expuesto por la morenista, las querellas incluyen posibles delitos de delincuencia organizada, cohecho, ejercicio abusivo de funciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita y tráfico de influencias. Los señalamientos se sustentan, indicó, en investigaciones periodísticas que apuntan a una presunta red de empresas mediante la cual dinero del Gobierno estatal habría llegado a un despacho jurídico relacionado con el mandatario y su entorno familiar.
En el caso de Samuel García, la denuncia refiere posibles anomalías en contratos que sumarían siete mil 212 millones de pesos, los cuales, según Clara Luz, ya son objeto de revisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La representante de Morena también señaló un presunto desvío de 110 millones de pesos mediante contratos de la administración estatal con compañías sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), organismo dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Durante su presentación, Clara Luz hizo referencia a la postura que el gobernador habría expresado ante el Congreso de Nuevo León, en el contexto de un procedimiento de juicio político, respecto a que los recursos entregados a proveedores privados dejan de tener carácter público.
Por otra parte, Adrián de la Garza fue incluido en las denuncias por contratos relacionados con una red de empresas encabezada por Next Energy de México, cuyo monto señalado asciende a siete mil 370 millones de pesos.
Además de solicitar la intervención de la FGR, Morena pidió que distintas instancias revisen las operaciones, entre ellas el Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Unidad de Inteligencia Financiera y la ASF.
Hasta el momento, los hechos descritos corresponden a señalamientos contenidos en las denuncias y no constituyen, por sí mismos, una determinación judicial sobre la responsabilidad de los funcionarios mencionados.
