“Si la corrupción es una enfermedad, la transparencia es una parte medular de su tratamiento”, diagnosticó en su momento Kofi Annan, quien fuera secretario general de la Organización de Naciones Unidas durante 10 años.

El diagnóstico global de quien fuera galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2001 es compartido en lo nacional por el presidente Andrés Manuel López Obrador y por los mandatarios afines a la Cuarta Transformación. Mucho de sus afanes ha estado encaminado a poner remedio a ese mal que durante décadas ha enfermado al país y que ha frenado su potencial, pese a sus riquezas y al capital humano con que cuenta.

Para la administración de López Obrador, no hay peor mal que la corrupción, y se ha empeñado en “devolver al pueblo lo robado”, enfrentando resistencias, burlas y trapacerías de los grupos que bajo la sombra de los gobiernos del PAN y el PRI se vieron harto beneficiados con la opacidad y la complicidad perversa para saquear las arcas nacionales.

En San Luis Potosí, con la aún reciente llegada al gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, se han ido revelando graves casos de corrupción en la administración del priista Juan Manuel Carreras, la llamada “herencia maldita”, en áreas clave de gobierno, salud y seguridad, pero no solo en éstas.

Por fortuna, no todo ha quedado en revelaciones y denuncias públicas. Se ha actuado contra los exfuncionarios involucrados en las pillerías millonarias quienes, tras ser detenidos y aceptar los delitos cometidos, han comenzado a devolver el botín hurtado al erario de la entidad.

Las cifras no son menores. En lo que toca al sector Salud, se habla de más de 50 millones de pesos saqueados por quienes fueron titulares de la dependencia durante el gobierno de Carreras: Mónica Rangel y “el doctor” Miguel Ángel Lutzow, y cómplices.

En días pasados, el secretario general de Gobierno potosino, J. Guadalupe Torres Sánchez, informó que ya se recuperaron 38 millones de pesos y que en breve se espera que la cifra llegue a 54 millones. Cantidad, querido y único lector, nada despreciable y que será devuelta para que cumpla uno de los objetivos a los que se comprometió la administración Gallardo: beneficiar a sectores desposeídos.

Pero la llamada “herencia maldita” no es gangrena que solo haya infectado con Juan Manuel Carreras.

Ahora toca el turno a la admistración que encabezó el también priista Fernando Toranzo. Está en revisión. Y el mandatario ya adelantó que de la auscultación no se espera nada bueno: que huele mal, que “donde se levanta sale pus”, que está putrefacto.

Para Gallardo, la gestión de Toranzo es “la peor y más corrupta que ha tenido San Luis Potosí”; que en el tiempo de Toranzo (2009-2015) “hubo cosas horribles, peores que las de Carreras. Los peores fraudes, robos y saqueos”.

“Y va a pagar”, advirtió Ricardo Gallardo. Es de desear que así suceda, para bien de los potosinos todos.

 “El número de malhechores no autoriza el crimen”, dijo el gigante Charles Dickens, y así deben entenderlo las decenas, cientos, miles de ladrones que, antes que servidores, fueron saqueadores de los bienes que fueron puestos bajo su resguardo.