La reciente implementación de las reformas conocidas como Ley 3 de 3, dirigidas a combatir la violencia contra las mujeres y a los deudores alimentarios morosos, ha sido destacada por la diputada Cecilia Senllace Ochoa Limón como un paso adelante para garantizar la idoneidad de los candidatos a cargos de elección popular en México. Estas reformas han sido respaldadas por el acuerdo firmado entre el Instituto Federal Electoral (INE) y el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), con el fin de asegurar que solo aquellos candidatos libres de sentencias firmes por delitos de violencia de género o deudas alimentarias morosas puedan participar en los procesos electorales.

Según Senllace Ochoa Limón, la colaboración entre el INE y el CEEPAC para establecer lineamientos claros demuestra un compromiso firme con la protección de los derechos de los ciudadanos, asegurando que los candidatos a cargos públicos sean individuos comprometidos con el bienestar social, y libres de cualquier historial de violencia, ya sea digital, física, electoral, política, o doméstica, en contra de las mujeres. Esta medida no solo promueve un entorno electoral más seguro y equitativo, sino que también enfatiza la importancia de la responsabilidad social entre los aspirantes a la función pública.

El enfoque principal de la Ley 3 de 3, según la legisladora, es proteger y garantizar los derechos de las mujeres y los menores de edad, mitigando los impactos negativos de la violencia y asegurando el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. La diputada recalca que la responsabilidad inicial recae en los partidos políticos, quienes deben asegurarse de seleccionar candidatos que cumplan con estos criterios, actuando como un filtro crucial para presentar a la ciudadanía opciones de representación libres de antecedentes de violencia o incumplimiento de deberes familiares, en línea con las exigencias de esta legislación.